Muchos administradores descubren esta situación al cerrar el ejercicio, cuando ya llevan meses arrastrando el problema. Este artículo explica cómo detectarla a tiempo, qué obligaciones genera, qué opciones existen y qué errores conviene evitar. Es una guía general: cada sociedad tiene sus propias circunstancias y la decisión correcta depende de sus cuentas.

1. Cómo detectar la situación a tiempo

La causa de disolución por pérdidas no avisa: aparece cuando el patrimonio neto baja de la mitad del capital social, y eso se ve antes en las cuentas que en el día a día. Algunas señales:

• Los resultados acumulados negativos se acercan al capital y a las reservas.
• La tesorería depende cada mes de renovar pólizas o de retrasar pagos a proveedores.
• Hay deudas con Hacienda, la Seguridad Social o los trabajadores que crecen en lugar de reducirse.
• Los socios han prestado dinero a la sociedad de forma reiterada, sin un calendario de devolución claro.
• El balance provisional no se revisa con regularidad, solo cuando lo pide el banco o el asesor.

La práctica más útil es calcular el patrimonio neto contra el capital social con cierta frecuencia, no únicamente al cierre del ejercicio. Así el administrador sabe cuándo se cruza la línea y desde cuándo corre su deber de actuar.

2. Qué implica para el administrador

En una sociedad de responsabilidad limitada o anónima, las pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social son causa de disolución, salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar el concurso (Ley de Sociedades de Capital, art. 363).

De ahí se derivan tres consecuencias prácticas para quien administra:

• Deber de convocar la junta. El administrador debe convocar la junta general, dentro del plazo que fija la ley, para que los socios adopten el acuerdo de disolución o los necesarios para remover la causa (art. 365). Cualquier socio puede pedirle que la convoque.
• Deber de actuar aunque nadie lo reclame. No hace falta que un socio o un acreedor lo exija: la obligación recae sobre el órgano de administración desde que existe la causa.
• Riesgo personal. Si no convoca la junta a tiempo, o no pide la disolución judicial cuando la junta no se constituye o no acuerda disolver, el administrador puede responder de forma solidaria de las obligaciones sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución (art. 367).

En resumen: el problema no es solo la pérdida económica de la sociedad, sino que la inactividad del administrador convierte una situación de la empresa en una responsabilidad propia.

3. Opciones: reequilibrar, reducir, disolver o valorar el concurso

Una vez detectada la causa, la junta puede optar por varias vías. La adecuada depende de si la sociedad es viable y de si los socios están dispuestos a seguir aportando.

• Reequilibrar el patrimonio. Los socios pueden realizar aportaciones, o capitalizar deuda que la sociedad mantiene con ellos o con terceros, de modo que el patrimonio neto vuelva a superar la mitad del capital.
• Reducir y aumentar el capital. Cuando las pérdidas son grandes, es habitual reducir el capital para absorberlas y aumentarlo después con nuevas aportaciones.
• Disolver la sociedad. Si no hay perspectiva de recuperación o los socios no quieren seguir, la disolución ordenada y la liquidación protegen al administrador mejor que dejar pasar el tiempo.
• Valorar el concurso. Si, además de las pérdidas, la sociedad no puede pagar sus deudas a medida que vencen, el administrador debe considerar el deber de solicitar el concurso. Ver derecho concursal.

No son opciones excluyentes en el tiempo: una sociedad puede intentar primero reequilibrar y, si no funciona, pasar a disolver o a concurso. Lo importante es que cada paso quede decidido y documentado.

4. Errores frecuentes y riesgos personales del administrador

Los problemas rara vez vienen de una mala decisión, sino de no tomar ninguna. Los más habituales:

• Esperar a que «mejore el año» sin comprobar el patrimonio neto ni convocar a los socios.
• Entender que, como los socios conocen la situación, no hace falta formalizar nada.
• Seguir contratando y endeudándose con normalidad después de que exista la causa de disolución.
• Confiar en que un préstamo de un socio basta para arreglar el balance, sin analizar cómo computa.
• Pagar de forma selectiva a unos acreedores, o a personas vinculadas, cuando la sociedad ya no puede atender a todos.
• Dejar el asunto para el cierre del ejercicio, cuando ya han pasado meses desde que apareció el problema.

Cada uno de estos errores puede acabar en una reclamación de los acreedores contra el administrador o en un conflicto con los socios. Cuanto antes se actúe, más opciones quedan abiertas. Si te interesa saber qué ocurre cuando la sociedad se abandona sin liquidarla, lee nuestro artículo sobre la responsabilidad del administrador por cierre de facto.

5. Documentar las decisiones

Si más adelante alguien cuestiona lo que hizo el administrador, lo que cuenta es lo que consta por escrito. Conviene dejar constancia de:

• El cálculo del patrimonio neto y las cuentas o el balance en que se apoya.
• La convocatoria de la junta, con el orden del día y la forma en que se notificó a los socios.
• El acta de la junta, con los acuerdos adoptados (o el hecho de que no se alcanzó ninguno) y el sentido de los votos.
• Las gestiones realizadas con socios, bancos y acreedores para buscar una solución.
• Los acuerdos de aumento o reducción de capital, o de disolución, y su elevación a escritura e inscripción cuando corresponda.

Este archivo no evita por sí solo la responsabilidad, pero permite acreditar que el administrador actuó con diligencia y que la sociedad tomó decisiones informadas.

6. Cuándo pedir asesoramiento

Lo conveniente es consultar en cuanto las cuentas se acerquen a la mitad del capital, y en todo caso antes de que pase la fecha límite para convocar la junta. Un análisis a tiempo permite elegir entre reequilibrar, reducir capital, disolver o plantear el concurso con las opciones todavía abiertas.

Si eres administrador y tu sociedad se encuentra en esta situación, en Jiménez Tejada y Asociados Abogados estudiamos tus cuentas y te explicamos qué opciones tienes y qué riesgos asumes. Puedes llamarnos al 952 21 28 85 o escribirnos desde la página de contacto.

Más información sobre nuestras áreas: Derecho Mercantil y Derecho Concursal.

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En esta guía explicamos qué es el registro de marca, qué protege, cómo se solicita paso a paso ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y qué errores conviene evitar para proteger correctamente tu negocio.

¿Qué es una marca y qué protege su registro?

Una marca es un signo distintivo que identifica los productos o servicios de una empresa y los diferencia de los de la competencia. Puede consistir en una palabra (marca denominativa), un logotipo o diseño (marca gráfica), una combinación de ambos (marca mixta) y, en determinados casos, sonidos, formas o colores.

Registrar una marca otorga a su titular un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico para los productos y servicios que haya designado. Esto significa que puede impedir que terceros usen signos idénticos o similares que generen riesgo de confusión, y reclamar judicialmente frente a quienes los utilicen sin autorización.

¿Por qué es importante registrar la marca de tu empresa?

Operar sin una marca registrada implica asumir riesgos importantes:

• Seguridad jurídica: el registro te otorga la titularidad oficial del signo y la presunción legal de que eres su propietario.
• Protección frente a copias: puedes actuar contra competidores que imiten tu nombre o logotipo.
• Valor patrimonial: una marca registrada es un activo que puede licenciarse, venderse o aportarse como garantía.
• Confianza y reputación: refuerza la imagen profesional de tu empresa ante clientes e inversores.
• Evita conflictos futuros: impide que otro registre tu marca antes y te obligue a renunciar a ella.

Pasos para registrar una marca en España

1. Búsqueda previa de antecedentes

Antes de presentar la solicitud es imprescindible comprobar que no existen marcas idénticas o similares ya registradas para los mismos productos o servicios. Esta búsqueda de antecedentes reduce el riesgo de que la solicitud sea denegada o de que un tercero presente oposición. Es uno de los pasos donde más valor aporta un abogado especializado en propiedad industrial.

2. Elección de la clase o clases (Clasificación de Niza)

Las marcas se registran para productos y servicios concretos, agrupados en 45 clases según la Clasificación Internacional de Niza. Elegir correctamente las clases es decisivo: si te quedas corto, dejarás áreas de tu negocio sin proteger; si te excedes, pagarás tasas innecesarias. La estrategia de clases debe ajustarse a la actividad actual y a la prevista a futuro.

3. Presentación de la solicitud ante la OEPM

La solicitud se presenta telemáticamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, abonando las tasas correspondientes. En ella se identifican el signo, el titular y las clases solicitadas. A partir de ese momento se inicia el procedimiento administrativo.

4. Publicación y periodo de oposiciones

Una vez admitida a trámite, la solicitud se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Se abre entonces un plazo de dos meses durante el cual los titulares de marcas anteriores pueden presentar oposición si consideran que la nueva marca afecta a sus derechos. Si surge una oposición, contar con asesoramiento jurídico resulta fundamental para defender la solicitud.

5. Examen y concesión

La OEPM examina la solicitud y resuelve sobre las oposiciones presentadas. Si todo es correcto, concede la marca, que queda inscrita y protegida durante diez años, renovables indefinidamente por periodos de la misma duración.

Marca nacional, de la Unión Europea o internacional

El registro ante la OEPM protege la marca únicamente en España. Si tu empresa opera o prevé operar en otros países, conviene valorar alternativas más amplias: la marca de la Unión Europea, que se solicita ante la EUIPO y protege en los 27 Estados miembros con una sola solicitud, o el registro internacional a través del Sistema de Madrid, que permite designar múltiples países. La elección depende de la estrategia comercial de cada empresa.

Errores frecuentes al registrar una marca

• No hacer la búsqueda previa y llevarse una denegación o una oposición inesperada.
• Elegir mal las clases y dejar parte del negocio sin protección.
• Optar por nombres genéricos o descriptivos, que la OEPM puede rechazar por falta de carácter distintivo.
• Olvidar la renovación y perder la protección por no renovar a tiempo a los diez años.
• No vigilar la marca tras el registro para detectar imitaciones de terceros.

Conclusión

Registrar una marca es una inversión modesta que protege uno de los activos más importantes de tu empresa. Hacerlo bien —con una búsqueda previa rigurosa, una correcta elección de clases y una defensa adecuada ante posibles oposiciones— marca la diferencia entre una protección sólida y un registro vulnerable.

En Jiménez Tejada y Asociados asesoramos a empresas de Málaga y de toda España en el registro y la protección de marcas, tanto a nivel nacional como ante la EUIPO. Si quieres proteger el nombre y la identidad de tu negocio, contacta con nuestro equipo de abogados mercantiles y estudiaremos tu caso sin compromiso.

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Tu Camino para Empezar de Nuevo.

¿Te encuentras ahogado por las deudas y no ves salida? La Ley de la Segunda Oportunidad puede ser la solución que necesitas para dejar atrás la carga financiera y recuperar tu tranquilidad. Esta ley permite a particulares y autónomos en situación de insolvencia cancelar o reestructurar sus deudas, ofreciéndoles la posibilidad real de empezar de cero y reconstruir su vida económica.

¿Qué es la Ley de la Segunda Oportunidad?

Es una herramienta legal pensada para quienes, pese a actuar de buena fe, no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago. Gracias a esta ley, es posible conseguir la exoneración total o parcial de las deudas impagables, negociar plazos y cuotas más manejables, y suspender embargos y ejecuciones hipotecarias mientras dura el proceso. No es necesario estar en desempleo para acogerse: incluso quienes tienen ingresos pueden beneficiarse, siempre que cumplan los requisitos legales.

¿Cómo funciona el proceso?

El procedimiento suele completarse entre 6 y 18 meses, dependiendo de cada caso. Incluye una evaluación personalizada de la situación financiera, un intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores y, si no es posible, la solicitud de exoneración de deudas ante el juez. Si se cumplen los requisitos y se demuestra buena fe, el resultado es la cancelación definitiva de las deudas y la posibilidad de empezar de nuevo sin la presión de los acreedores.

Ventajas de acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad

• Cancelación total o parcial de deudas
• Reestructuración de los pagos según la capacidad económica
• Suspensión de embargos y acciones judiciales durante el proceso
• Reducción del estrés y mejora de la calidad de vida
• Nuevo comienzo financiero, sin cargas del pasado.

En nuestro despacho, analizamos tu caso sin compromiso y te acompañamos en cada paso, ofreciéndote asesoramiento legal y un plan de acción personalizado para que puedas aprovechar al máximo los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad.

Para más información, visita nuestra web exclusiva sobre la Ley de la Segunda Oportunidad y solicita tu estudio de vialidad gratuito.

https://segundaoportunidadjt.com/

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Los alquileres turísticos, muy populares en Málaga y toda Andalucía, son una gran opción, pero no siempre salen según lo planeado. Tanto si eres propietario, como huésped o vecino, es probable que te enfrentes a situaciones problemáticas:

• Daños en la vivienda.
• Impagos o problemas con la fianza.
• Ruidos, fiestas o molestias a la comunidad.
• Incumplimiento de normas (contrato, comunidad, plataforma).
• Anuncios engañosos o cancelaciones inesperadas.
• Dudas o problemas con licencias y normativas.
• Estos conflictos en alquileres vacacionales pueden ser complejos por la mezcla de normativas, políticas de plataformas y estatutos de comunidades.

En Jiménez Tejada y Asociados defendemos los derechos de nuestros clientes, sean propietarios, inquilinos o comunidades, ofreciendo representación legal y soluciones eficaces tanto en la prevención como en la resolución de conflictos. Entendemos la necesidad de actuar con conocimiento y estrategia.

Si este es tu conflicto, descubre cómo podemos ayudarte:

Conoce nuestra área de Alquiler Turístico

¡No dejes que un problema con un alquiler turístico te supere y actúa con el respaldo experto que necesitas!

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Si eres empresario, autónomo o emprendedor y tienes un problema legal, puede parecer un desafío encontrar la ayuda adecuada. Cada situación es única y merece una estrategia legal personalizada.

No te arriesgues! apuesta por contratar a quien mejor servicio legal te ofrezca, a quien vaya más allá de una mera representación legal, a quien se alíe contigo a resolver los problemas antes de que surjan y, a quien te ayude a tomar decisiones que impulsen el crecimiento y el éxito de tu negocio.

En Jiménez Tejada Abogados, nuestra filosofía de «contratar a los mejores y dejarles hacer lo que saben» es mucho más que un mantra; es la base de nuestro compromiso de proporcionar el mejor servicio legal posible. Te invitamos a experimentar la diferencia por ti mismo.

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En el ejercicio de nuestra actividad, en ocasiones nos encontramos tomando decisiones cuyos efectos legales, es más que aconsejable conocer con anterioridad, como la firma del contrato de arrendamiento donde tenemos previsto ejercer la actividad profesional o comercial.

Este tipo de acuerdos, se pueden adoptar de distintas formas, dependiendo del uso que se le dará al bien arrendado o, de lo que ya se encuentre instalado en el mismo.

En este sentido, es fundamental distinguir entre dos tipos de contratos bastante comunes:

            Los contratos de Industria y

            Los contratos de Local de Negocio.

Respecto al Contrato de Industria:

 El Tribunal Supremo considera que el objeto está determinado por un doble componente, por un lado, el local, como soporte material y, por otro, el negocio o empresa instalada y que se desarrolla o puede desarrollar en el mismo, con los elementos necesarios para su explotación, conformando un todo patrimonial.

Por lo tanto, lo que se cede en este tipo de contrato de arrendamiento de industria es el uso de cualquier elemento que sea indispensable para la explotación de un negocio, tales como maquinaria, mobiliario, fondo de comercio o licencias de actividad.

En el arrendamiento de Local de Negocio:

No forma parte del contrato el negocio, sino únicamente se cede el goce o uso de un local sin actividad. Este arrendamiento de local está sujeto a lo pactado en el contrato y a lo dispuesto por la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En cambio, en los arrendamientos de industria, el contrato se sujeta por lo dispuesto por la voluntad de las partes y supletoriamente, por lo establecido en los arts.1546 y siguientes del Código Civil.

¿CÓMO DISTINGUIRLOS?

Lo esencial para poder calificar un contrato como de arrendamiento de industria está en que la voluntad de las partes sea la de ceder una unidad patrimonial de la que forman parte una serie de elementos materiales e inmateriales, determinantes para el ejercicio de una actividad, que esté funcionando al tiempo de su celebración o que sea apta para hacerlo, esto es, en palabras del Tribunal Supremo que

 «el objeto contractual haya sido creado por el arrendador (…) sin que sea menester  (…) que tal empresa o negocio se encuentre en actividad al tiempo de la celebración del contrato, sino que basta que se haga entrega al arrendatario de los componentes para que la industria funcione.»

Comprender la diferencia entre estos dos contratos es crucial porque las obligaciones y responsabilidades derivadas de cada uno son muy diferentes.

Por lo tanto, antes de firmar cualquier contrato, es esencial entender completamente su naturaleza y los compromisos que implica. Esto ayudará a prevenir malentendidos, conflictos y posibles problemas legales en el futuro.

Aspectos legales y cláusulas importantes:

Es fundamental entender y redactar adecuadamente al caso concreto, cláusulas como la duración, las condiciones de rescisión, las obligaciones de las partes o, los derechos de subarriendo, que deben ser analizadas cuidadosamente para proteger los intereses de ambas partes y evitar conflictos futuros.

En Jiménez Tejada y Asociados Abogados, estamos a tu disposición para ofrecerte asesoramiento experto.

Nuestro equipo de abogados especializados en derecho empresarial está preparado para analizar tus necesidades específicas y ayudarte a redactar y negociar contratos, que se ajusten a tus objetivos y proteger tus derechos.

Recuerda, cuando se trata de asuntos legales, siempre es aconsejable buscar asesoramiento legal antes de firmar.

Contáctanos y permítenos guiarte en la gestión de tus contratos y decisiones comerciales, protegiendo tus intereses y permitiéndole enfocarse en el crecimiento y éxito de su actividad.

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Desde la nueva ley que transpone la Directiva de la Unión Europea 2019/1151, que incluye la digitalización de actuaciones notariales, el 10 de mayo de este año, los ciudadanos y empresas tienen más fácil acceso a la actividad notarial. En este contexto, Jiménez Tejada Abogados se enorgullece en ofrecer su experiencia y conocimientos para ayudarle en esta nueva era digital.
Esta nueva norma trae consigo cuatro importantes novedades que revolucionarán la forma en que los ciudadanos y las empresas interactúan con los servicios notariales

1. Otorgamiento online de documentos notariales. Por primera vez en la historia, los notarios podrán autorizar determinados actos jurídicos de forma virtual, sin abandonar la posibilidad de hacerlo presencialmente. Esto significa que si usted es un ciudadano o una empresa, que busca mayor comodidad y eficiencia, puede solicitar la autorización de actos jurídicos en línea.
2. Envío de copias electrónicas de escrituras, podrán tener en sus dispositivos electrónicos, copias autorizadas electrónicas de sus documentos notariales. Esta medida no solo representa un importante ahorro de papel, sino que también evita desplazamientos innecesarios.
3. CONSTITUCIÓN ONLINE DE SOCIEDADES LIMITADAS. Gracias a esta nueva normativa, un ciudadano de la Unión Europea puede constituir una sociedad limitada en otro país sin necesidad de estar físicamente presente. Este avance elimina barreras geográficas y facilita la creación de empresas en el ámbito europeo.
4. Creación del protocolo electrónico notarial. Con la implementación de este protocolo, se agiliza la transmisión de información tanto a las Administraciones públicas, como a particulares y empresas. Esto significa que los trámites notariales podrán llevarse a cabo de manera más rápida y eficiente, brindando un servicio de calidad a nuestros clientes.

En Jiménez Tejada Abogados, entendemos la importancia de adaptarnos a los avances tecnológicos y ofrecer soluciones notariales modernas y seguras.

Nuestro compromiso es brindarle un servicio excepcional, que a partir de ahora podremos hacer de manera más rápida y segura, guiándole en la sede electrónica notarial y el Portal Notarial del Ciudadano (portalnotaria.es).

Puede tener la tranquilidad de que su seguridad estará garantizada mediante el uso de la firma electrónica cualificada de los notarios.

No importa si necesita realizar un trámite notarial personal o, constituir su nueva empresa Sociedad Limitada, en Jiménez Tejada Abogados contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el ámbito notarial, donde estaremos encantados de guiarle y asesorarle en cada paso del proceso, asegurándonos que sus necesidades se cumplan de manera eficiente y fiable.

En esta nueva era digital, los notarios pueden prestar servicios on line y en Jiménez Tejada y Asociados, podemos ayudarle a aprovechar al máximo estas nuevas posibilidades. Contáctenos hoy mismo y descubra cómo podemos ser su aliado.

La entrada LOS NOTARIOS YA PUEDEN PRESTAR SERVICIOS ONLINE se publicó primero en Jiménez Tejada y Asociados Abogados.

Esto significa que, a partir de esta nueva obligatoriedad, solo existirá un único formato común, electrónico y estructurado de factura, pero, ¿Qué necesitan las empresas conocer para empezar a operar adecuadamente con FacturaE según las indicaciones de la nueva legislación?

En primer lugar, el calendario de implementación, pues la norma establece un período de 6 meses desde la publicación de la ley, que lo fue en septiembre de 2022, para que las administraciones implicadas determinen los requerimientos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica.

Los aspectos relativos al pago (registro de fechas y períodos medios de pago), los requisitos a cumplir por los prestadores de soluciones tecnológicas que permitan la interoperabilidad entre ellos, o cuestiones sobre formatos admitidos, seguridad, control o estandarización de dispositivos y sistemas informáticos, serán los ejes sobre los que se desarrollarán las especificaciones técnicas del proyecto.

Una vez publicadas estas especificaciones, las empresas contarán con distintos plazos de implementación en función de su volumen de facturación:

• Para las empresas cuya facturación anual supere los 8 millones de euros, el plazo de implementación es de 1 año una vez aprobado el reglamento técnico.
• Para el resto de las empresas, cuya facturación sea inferior a los 8 millones de euros, el plazo de implementación se amplía a los 2 años tras la aprobación del reglamento técnico.

Y, en segundo lugar, que, a falta de la publicación oficial del reglamento técnico que regule el nuevo sistema de facturación electrónica, la ley contempla las siguientes obligaciones en el sector privado:

• Obligatoriedad de expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.
• Proporcionar información sobre los estados de las facturas.
• Garantizar la interconexión e interoperabilidad gratuita entre las soluciones o plataformas tecnológicas. Este procedimiento de acreditación de la interconexión y la interoperabilidad se determinará reglamentariamente.
• Los receptores de facturas electrónicas no podrán obligar a su emisor a la utilización de una solución, plataforma o proveedor de servicios de facturación electrónica predeterminado.
• Mantener el acceso de las facturas electrónicas durante 4 años para los destinatarios. Cuando los destinatarios de éstas hayan dejado de ser clientes de las empresas emisoras, se deberá permitir su acceso durante los 3 años posteriores a la finalización de los contratos.
• Facilitar el acceso, visualización, descarga e impresión de la factura electrónica para los receptores.

Esperaremos al desarrollo reglamentario de esta norma para conocer más, acerca de esta nueva obligación, que sin duda va a cambiar el mundo de la facturación de las empresas.

La entrada OBLIGACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA se publicó primero en Jiménez Tejada y Asociados Abogados.

¿Cuál es la finalidad? Controlar la actividad de los pequeños negocios.

Según el Real Decreto 249/2023, «respecto al régimen de la revocación del número de identificación fiscal se reconoce que la misma se podrá efectuar en otras actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos, no sólo en las actuaciones de comprobación censal. Por otro lado, se reconoce una nueva causa de revocación de dicho número en caso de incumplimiento durante cuatro ejercicios consecutivos de la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil que solo se podría rehabilitar si se constata su subsanación».

Las causas por las que Hacienda pueden revocar el NIF a los autónomos en 2023, son además de las que ya estaban establecidas, como, por ejemplo, la eliminación del NIF en caso de no haber presentado en tres ejercicios consecutivos algunos impuestos como el de Sociedades, ahora se suman otros supuestos relacionados con las obligaciones contables.

Desde ahora, con la entrada en vigor de este Decreto, la Agencia Tributaria podrá revocar el NIF a los autónomos en cualquiera de sus actuaciones, sin necesidad de que sea una inspección relacionada con las obligaciones censales, cuando constate, que se ha incumplido la obligación de depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil, durante cuatro ejercicios seguidos.

Cuando los negocios dejan de cumplir la obligación de depositar sus cuentas anuales suele ser por dos motivos: o bien por que el empresario no está al frente de la sociedad, no cerró correctamente la empresa y ha desatendido sus obligaciones; o bien, porque esa sociedad se ha creado expresamente para llevar a cabo algún tipo de fraude tributario, como crear falsas facturas para poder deducir el IVA. En ambos casos, el negocio ya no podría hacer «nada» porque si saliera su nombre reflejado en alguna operación, automáticamente, aparecería su nombre en el sistema y se le requeriría a él o, al cliente, para hacer una inspección.

Además, la Agencia Tributaria ya establecía en los artículo 146 y artículo 147 del Real Decreto 1065/2007, cuando la Administración tributaria puede revocar el NIF asignado de un negocio. Los supuestos serían los siguientes, cuando:

• Durante un periodo superior a un año y después de realizar al menos tres intentos de notificación, hubiera resultado imposible la práctica de notificaciones al obligado tributario en el domicilio fiscal.
• No hubiese presentado, durante tres períodos impositivos consecutivos la declaración del Impuesto sobre Sociedades (Modelo 200).
• La sociedad haya sido constituida por uno o varios fundadores, sin que en el plazo de tres meses desde la solicitud del número de identificación fiscal se inicie la actividad económica, ni tampoco los actos que de ordinario son preparatorios para el ejercicio efectivo de la misma, salvo que se justifique la imposibilidad de su aportación.
• Los débitos tributarios de la entidad para con la Hacienda pública del Estado sean declarados fallidos.
• Hubiera comunicado (mediante declaraciones censales) a la Administración Tributaria el desarrollo de actividades económicas inexistentes.
• Se constate que un mismo capital ha servido para constituir una pluralidad de sociedades, de forma que, de la consideración global de todas ellas, se deduzca que no se ha producido el desembolso mínimo exigido por la normativa aplicable.
• Comunique el desarrollo de actividades económicas, de la gestión administrativa o de la dirección de los negocios, en un domicilio aparente o falso, sin que se justifique la realización de dichas actividades o actuaciones en otro domicilio diferente.

Doble objetivo de la revocación del NIF: limpieza del censo y lucha contra el fraude fiscal

Por tanto, no hagas “un mal cierre de tu pequeño negocio” no bajes la persiana sin un correcto proceso de finalización de la actividad, evita las consecuencias negativas que ello puede traerte, asesórate bien y busca un experto en la materia que te ayude a concluir la actividad, sin más problemas que los que ya de por sí te habrán llevado al cierre.

En Jiménez Tejada Abogados podemos darle el asesoramiento que necesita. No dude en contactarnos, estaremos encantados de ayudarle.

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La LEY 18/2022 fue aprobada para hacer más fácil la creación de empresas y reducir las trabas con las que se encuentran a la hora de desarrollarse y mantenerse en el ámbito mercantil y en el mundo de los negocios.

Lo más significativo ha sido la modificación de los requisitos para constituir una Sociedad Limitada, al permitir que se constituyan con un capital social mínimo de tan solo un euro, eliminándose la obligación de que el capital social mínimo fuera de 3000 euros.

Sin embargo, se exigen dos requisitos para salvar la ausencia de este capital inicial:

El 20% de los beneficios deben destinarse a reservas durante todos los ejercicios posteriores a la constitución de la compañía, hasta que ese capital social alcance los 3000€ euros que siempre han sido referentes para esta cuestión y

lo más controvertido, si esta sociedad que hemos constituido con 1€ de capital social, se encuentra en estado de insolvencia, los socios estarán obligados a integrar ese capital social hasta los 3000 euros aun cuando no hayan tenido tiempo de obtener los beneficios necesarios.

Nuestro consejo, es que si la constitución de la sociedad se debe a una puesta en marcha de un negocio y a la iniciación de una actividad empresarial que requiera un desembolso por parte de los socios a fin de alquilar un local, contratar personal, adquirir mercadería o cualquier otro tipo de gasto derivado de un consumo o de una adquisición, se constituyan la sociedad con el capital social de 3000 €, si esos mismos 3000€ se van a dedicar al pago de estos gastos, de estas obligaciones, porque si la sociedad va finalmente mal y tenemos que cerrarla y liquidarla, los socios, habrán podido utilizar esos 3000€ iniciales y todo el capital adicional que consideren, no por la vía de la obligación de capital, sino por la vía de la aportación como préstamo por ejemplo a la sociedad, poder este capital social, dedicarlo a pagar estas obligaciones de la sociedad y si va mal, cerrarla, liquidarla ordenadamente y no tener que aportar de su bolsillo cantidad adicional.

Si, por el contrario, la sociedad se constituye por 1€, viniendo obligados los socios a poner dinero para alquilar local, para el personal, para todas estas cuestiones y al final va a mal la sociedad, van a estar obligados a aportar al final del cierre, toda esa cantidad que no han aportado inicialmente.

Por lo tanto, siendo el capital social un apunte contable, una necesidad de aportación inicial, pero siendo esa cantidad disponible por los socios para atender las obligaciones de la compañía, desde Jimenez Tejada y Asociados, recomendamos valorar cada caso concreto, para en función de necesidades concretas del negocio, entender cuál es la opción más viable y más segura para los socios de cara a entender su proyecto empresarial.

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